Una ideología aspira a controlar la educación y la vida social: ideología de género y educación

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Ideología de género y educación
Ideología de género y educación. Foto: Chema Concellón

En los últimos años estamos asistiendo en España a una proliferación de leyes en el ámbito de las Comunidades Autónomas que buscan imponer en la sociedad la ideología de género con el pretexto de la no discriminación y de garantizar los derechos de las personas homosexuales: Navarra (2009), País Vasco (2012), Galicia (2014), Andalucía (2014), Canarias (2014), Cataluña (2014), Extremadura (2015), Madrid (2016), Murcia (2016), Islas Baleares (2016), Comunidad Valenciana (2017).

Con estas legislaciones, los gobiernos de las Comunidades Autónomas se adhieren a la corriente ideológica defendida por los lobbies del feminismo radical y LGBTI (siglas que designan colectivamente a lesbianas, gays, bisexuales y transgénero e intersexuales), cuya tesis rechaza el sexo biológico como patrón diferenciador y sostiene que el binomio natural hombre-mujer es sólo una convención social y cultural que debe ser sustituida por la libre elección de género.

Veamos un ejemplo entre otros: En la persona imperan las características psicológicas que configuran su forma de ser y se ha de otorgar soberanía a la voluntad humana sobre cualquier otra consideración física. La libre autodeterminación del género de cada persona ha de ser afirmada como un derecho humano fundamental (Preámbulo Ley C. Andalucía, 2014).

La ideología de género

Se ha estado oyendo durante estos últimos años la expresión «género» y muchos se imaginan que es sólo otra manera de referirse a la división de la humanidad en dos sexos, pero tras el uso de esta palabra se esconde toda una ideología que busca precisamente hacer saltar por los aires la concepción del ser humano constituido por una naturaleza sexuada de hombre o mujer.

Es importante destacar que no estamos ante una mera teoría, sino ante una ideología. Una ideología no es simplemente una concepción teórica del mundo o del ser humano. Se trata más bien de una visión de las cosas que pretende sólo dominar de manera efectiva. Eminentemente pragmática, detrás no hay una pretensión de dar con la verdad sobre lo que son las cosas, sino de imponerse sobre cualquier otra concepción.

Las ideologías vienen impulsadas más por una «voluntad de poder» que por una voluntad de verdad; por ello el diálogo no es una forma adecuada de encuentro y confrontación con las ideologías, ya que éstas no pretenden una búsqueda compartida de la verdad, sino imponer la suya. Como ya dijo Marx en su día, «hasta ahora los filósofos se ha dedicado a comprender la realidad; de lo que se trata ahora es de transformarla».

Pues bien, la ideología de género (Gender) considera que la sexualidad humana no es una característica determinada por la naturaleza de cada persona, sino que es un elemento maleable cuyo significado es fundamentalmente una convención social; de tal manera que el significado del sexo dependería de la elección autónoma de cada uno sobre cómo configurar su propia sexualidad. La sexualidad no sería una dimensión constitutiva del ser humano, sino una construcción cultural y una opción de cada persona que «se siente hombre o mujer».

Es célebre la sentencia de la filósofa existencialista Simone de Beauvoir: «No se nace mujer, se hace». Y así una persona de sexo masculino, un hombre, puede adoptar a su gusto un género femenino; y una mujer puede adoptar a su antojo un género masculino, porque no se nace hombre o mujer. Se diluye la diferencia entre los sexos como algo convencionalmente atribuido por la sociedad, y cada uno puede «inventarse» a sí mismo. El «feminismo de género» se basa en una concepción neo-marxista que interpreta la división en sexos como lucha de clases, pero va más allá, para el «feminismo de género», los marxistas fracasaron por concentrarse en soluciones económicas sin atacar directamente a la familia, que es la verdadera causa de las clases y el auténtico núcleo de la vida social y moral.

La meta definitiva de la revolución feminista debe ser —a diferencia del primer movimiento feminista— no simplemente acabar con el privilegio de los hombres-varones sino con la distinción de sexos misma. En el fondo se piensa que la maternidad es el principal motivo de esclavitud para la mujer frente al varón.

El núcleo central de esta ideología es el «dogma» pseudocientífico según el cual el ser humano nace «sexualmente neutro». En consecuencia, «hombre» y «masculino» podrían designar tanto un cuerpo masculino como femenino; y «mujer» y «femenino» podrían señalar tanto un cuerpo femenino como masculino. Y así se exige que a cualquier «género sexual» se le reconozcan los mismos derechos. En el fondo, cada uno podría optar según su deseo y orientación, al margen de toda pauta de la naturaleza y de toda consideración moral basada en ella o en el hecho de que Dios creó al hombre «varón y mujer».

Así, para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York existen 31 tipos de identidad sexual diferentes y se especifica que aquella empresa que no respete a una persona por su identidad sexual, cualquiera de las 31, podrá ser sancionada con una multa de hasta un millón de dólares. Por lo demás, Facebook llega ya a reconocer 50 opciones de identidad sexual.

Una estrategia mundial

Las ideas importan. Mientras muchos podrían seguir considerando el término <género> como simplemente una forma cortés de decir <sexo>, existe una ofensiva cultural que desde finales de los años 60 difunde una «nueva perspectiva». Un momento fundamental de ésta fue la creación de los Gender Studies, centros universitarios integrados en Universidades norteamericanas hacia los 80 y la incorporación a importantes Oficinas y Agencias internacionales en la ONU y en la Unión Europea, así como lobbies y organizaciones con fuerte impacto en la sociedad civil y en las instituciones y administraciones públicas de todo el mundo.

La IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer (Pekín, septiembre de 1995) fue el escenario elegido por los promotores de la nueva perspectiva para lanzar una fuerte campaña de persuasión y difusión. Desde dicha cumbre la «perspectiva de género» ha venido filtrándose en las legislaciones y políticas de la mayor parte de los países del mundo y en Tribunales internacionales.

Y ahora, las leyes LGTBI

Estamos ante un nuevo dogma carente de base científica, pero por encima de la realidad y la verdad se impone el poder de las leyes, que son las que determinan lo que ha de considerarse verdadero o falso, admisible o no. La prueba de esta verdad «indiscutible» no es científica, sino judicial: la definición del sexo-género de una persona va mucho más allá de la existencia de sus órganos genitales y no es un concepto biológico, sino, sobre todo, psicosocial.

Serán los jueces y sus sentencias los que determinen la realidad, en un ejercicio de pura incongruencia relativista, del todo dictatorial. Un ejemplo: Habremos de adoptar como guía… un concepto no puramente biológico del sexo —como ya estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos…—, sino, sobre todo, psicosocial; reconociendo que imperan en la persona las características psicológicas que configuran su forma de ser y otorgando soberanía a la voluntad humana sobre cualquier otra consideración física. (Preámbulo Ley C. País Vasco, 2012).

Con la excusa del respeto a la diversidad y a los derechos sexuales y reproductivos, se encubre un adoctrinamiento impositivo que afecta a todos los ámbitos de la vida social pública y privada: Comprenderá todos los ámbitos de la vida política, social, económica, cultural y familiar, particularmente en las siguientes áreas: policial y de justicia, laboral, familiar, de la salud, de la educación, de la cultura y ocio, del deporte, de la juventud y de la comunicación. (Art. 2.2 Ley C. Galicia). En suma, las leyes LGTBI implican una intromisión ideológica e incluso policial del Estado en el ámbito de la conciencia individual. Nos hallamos ante una ofensiva totalitaria en toda regla.

Se han empezado a utilizar los preceptos de esta ley para criminalizar la libertad religiosa, de educación y de pensamiento y expresión de quienes sostienen una visión de la sexualidad alternativa y distinta a la de la ideología de género. Así, utilizando estas leyes como ariete, las organizaciones LGTB han cargado contra las primeras voces críticas. El Observatorio español contra la LGTfobia ha presentado querellas criminales contra los obispos de Alcalá de Henares, Mons. Reig Pla, de Getafe, Mons. López de Andújar y Mons. Rico, y de Córdoba, Mons. Fernández, por difundir entre los fieles católicos su opinión crítica sobre la «Ley de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual» de la Comunidad de Madrid. A propósito de esta ley, los prelados han manifestado lo siguiente: «Inspirada por una antropología no adecuada que niega la diferencia sexual varón-mujer y la unidad de la persona cuerpo-espíritu, esta ley se halla en contradicción con la moral natural, acorde con la recta razón, y pretende anular la enseñanza pública de la Biblia, del Catecismo de la Iglesia Católica y del resto del Magisterio de la Iglesia referido al designio de Dios sobre el varón y la mujer. Más aún, pretende prohibir, incluso, rezar públicamente por las personas que suplican la oración para un cambio de orientación en su vida».

¿…Y qué pasa con la educación?

Los contenidos y efectos de las leyes de identidad de género son especialmente graves cuando afectan a la educación, como es de suponer. Su impacto en los menores y en sus familias se puede sintetizar en estos cinco puntos:

  1. Acaban con el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y creencias.
  2. Asfixian la libertad de enseñanza.
  3. Desorientan a los niños al imponerles la «diversidad sexual».
  4. Discriminan a la familia natural e imponen modelos familiares a padres, maestros y centros de enseñanza.
  5. Privilegian con dinero público el adoctrinamiento sexual y entregan la educación de los niños a las organizaciones LGTBI.

Detrás del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género hay mucho más: se trata de privar a los padres de sus derechos, especialmente del más fundamental, el de educar a sus hijos según sus convicciones. Y de paso, privar a la sociedad del derecho a disentir, a no estar de acuerdo con las imposiciones del poder, a la libertad de expresión.

Es muy clara la intención que se persigue en el ámbito educativo. Estas leyes introducen en las aulas la ideología de género y sus variantes por medio de los contenidos educativos:

Los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de la diversidad existente en cuanto a configuraciones genitales y su relación con las identidades, por lo que se incluirá en los temarios de forma transversal y específica, integrando la transexualidad e intersexualidad […] (Art.  24.2 Ley C. Madrid, cfr. 32; y art. 21.2 Ley C. Extremadura).

La Comunidad de Madrid elaborará una Estrategia integral de educación y diversidad sexual e identidad o expresión de género. Las medidas previstas en este plan se aplicarán en todos los niveles y etapas formativas y serán de obligado cumplimiento para todos los centros educativos (art. 29 Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia C. Madrid).

No existe ni una sola referencia al papel de los padres y sus derechos constitucionales, ni a la autonomía de los centros escolares, ni al respeto a su ideario. Con la Ley contra la LGTBIfobia en la mano, la Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, ha iniciado un procedimiento sancionador al director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, por la carta que envió a las familias del centro en la que advertía acerca de la ideología de género, y denunciaba los intentos de imponer una ideología a fuerza de sanciones.

Se da por hecho que las autoridades tienen más interés en el bienestar del menor que sus propios padres, a quienes estas leyes relegan hasta el punto de convertirlos en sospechosos si tratan de reconducir la situación que padecen sus hijos. Algunas de estas leyes contemplan la posibilidad de que los padres con hijos que padezcan un trastorno de la identidad de género (disforia de género), se nieguen a permitir que se experimente con ellos. De producirse un conflicto de intereses, la administración podría pasar por encima de la voluntad de la familia:

La negativa de padres o tutores a autorizar tratamientos relacionados con la transexualidad o a que se establezca preventivamente un tratamiento de inhibición del desarrollo hormonal, podrá ser recurrida ante la autoridad judicial cuando conste que puede causar un grave perjuicio o sufrimiento al menor. En todo caso se atenderá al criterio del interés superior del menor (art. 14.3 Ley de Identidad y Expresión de Género C. Madrid, cfr. art. 15. Ley. C. Valenciana y art. 19.3 Ley C. Andalucía).

Sanciones y persecución

El art. 70.2.f) de la ley madrileña 3/2016 tipifica como infracción grave la elaboración, utilización o difusión en Centros educativos de la Comunidad autónoma de libros de texto y/o materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su orientación sexual e identidad o expresión de género, o que inciten a la violencia por este motivo.

Comenta al respecto Benigno Blanco: «Si este precepto se interpreta en su literalidad es superfluo, pues afirmar que hay humanos con más dignidad que otros, por esa razón o por cualquier otra, se opone a la Declaración de derechos humanos de NNUU, a la Constitución, etc. Pero si se interpreta que atenta contra la dignidad humana afirmar que hay comportamientos sexuales más dignos o menos, más valiosos antropológica y éticamente o menos, entonces el precepto supondría un atentado a la libertad de pensamiento y educación en materia de sexualidad».

El art. 73.1.i) de la ley madrileña considera como circunstancia agravante para graduar las sanciones la «pertenencia de la persona infractora a un grupo organizado de ideología fehacientemente LGTBIfóbica». ¿Qué es «un grupo de ideología fehacientemente LGTBIfóbica»? ¿Lo es la Iglesia católica, por ejemplo, o un colegio de enseñanza diferenciada o una asociación civil que se oponga a la equiparación del matrimonio a la unión de personas del mismo sexo?

Pues bien, cabe preguntarse a la vista de todo lo anterior: ¿estamos dispuestos los católicos españoles, por no hablar ya de las gentes de buena voluntad, a ejercer como ciudadanos consecuentes y salir de nuestra pasividad? ¿No debería considerarse, entre otras cosas, la vocación a la vida pública, en todas sus dimensiones, una de esas periferias decisivas que el laicado católico está llamado a evangelizar? (Cfr. Papa Francisco, Evangelii gaudium, 205).